La muerte de Gabriela Pérez (24) conmocionó a Córdoba y dejó en evidencia la mafia detrás de los sindicatos. Sergio Fittipaldi, secretario gremial del Soelsac, y Franco Saillén, dirigente del Surrbac, quedaron en medio del crimen sindical con denuncias cruzadas por las responsabilidades.
Tras cuatro días sin hablar, Fittipaldi emitió un comunicado en el que incriminó a Saillén y aseguró que “la muerte de Gabriela se podría haber evitado”. También denunció otros ataques por parte del Surrbac hacia su persona, uno incluso el día antes al asesinato de la joven trabajadora.
“El atentado estaba dirigido a mi persona y trágicamente acabó con la vida de nuestra compañera Gabriela”, insistió. En ese sentido, su abogado Alexis Kohmann expresó en Arriba Córdoba que “no fue un autoatentado sino que fue un atentado en contra de su vida y del sindicato”.
Según dijo Fittipaldi, el asesinato fue “el trágico desenlace de numerosos actos de violencia encabezados por el grupo liderado por Franco Saillén con el objetivo de sembrar un escenario de pánico y caos entre los trabajadores que nuclea el Soelsac”.
Sergio Fittipaldi, secretario gremial del Surrbac.
En la misma línea, apuntó al dirigente del Surrbac como una persona con “accionar incoherente” y que, pese a que tiene un discurso a favor de los afiliados, lo que hace es «enriquecerse a costa de los trabajadores y trabajadoras».
Además, remarcó los antecedentes criminales que tiene y expresó: “Es una persona que cuenta con graves antecedentes delictivos como el de tenencia ilegal de arma de guerra y el de lavado de activos en la causa federal del SURRBAC, donde se investigan los delitos de asociación ilícita, usura agravada, lavado de dinero y administración fraudulenta”.
“Es decir se apropiaba de los fondos de los afiliados a la entidad sindical en beneficio propio y personal”, sumó y analizó que “el fingido interés (de Saillén) por la muerte de Gabriela y el bienestar de su familia esconde otros lucrativos intereses”.