Un año atrás, la histórica Plaza de Mayo era transitada únicamente por unos pocos fumigadores cubiertos con mamelucos que trataban de combatir al nuevo coronavirus. Ese 20 de marzo, en el que las calles estaban desiertas, entró en vigor la cuarentena dispuesta por el presidente Alberto Fernández.
Casi un año después, cientos de personas confluyeron frente a la Casa de Gobierno y colocaron un cartel en el vallado que la rodea que rezaba: «Basta de hambre y ajuste», mientras una mujer criticaba la falta de trabajo y el constante aumento de los precios de los alimentos a través de un megáfono.
Ese mismo jueves de protestas, el presidente se dirigió por la noche a la población en un mensaje televisado que para sus más críticos sonó vacío de contenido. Mientras en su rostro se marcaban unas profundas ojeras, el mandatario insistió en que su mayor preocupación sigue siendo «la salud, salvar vidas y la recuperación económica».
«Trabajamos para que esa recuperación empiece a sentirse en la vida de la gente», sostuvo Fernández en la soledad de su despacho.
Los combativos movimientos sociales y partidos izquierdistas que ocuparon la Plaza de Mayo mostraron su descontento con los ajustes que están por venir, como el descongelamiento de tarifas de los servicios del gas y la luz, lo que revierte medidas que el presidente peronista aplicó tras su llegada al poder en diciembre de 2019.
También repudiaron que funcionarios y allegados al poder recibieran vacunas contra el coronavirus de forma discrecional, antes que los empleados de la salud o los ancianos, un escándalo que puso en entredicho la supuesta doctrina del peronismo de atender a los más necesitados y que provocó en febrero la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García.
«No han sido capaces de vacunar a aquellas personas que reparten comida, que deberían ser trabajadores esenciales, y hay gente que se vacuna por el costado, con privilegios», se quejó a The Associated Press Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.
Comienzos
Cuando el nuevo coronavirus comenzó a propagarse en Argentina en marzo de 2020, el presidente se mostró rápido de reflejos y logró evitar una crisis sanitaria como la que golpeó a países vecinos, ganándose el favor de la opinión pública. Un año después, el mandatario sufre un marcado desgaste y su credibilidad es cuestionada, mientras afronta desafíos como reactivar la economía, frenar la inflación y agilizar el proceso de vacunación, cuestionado por su lentitud y por escándalos de corrupción.
Varias encuestas muestran el desencanto con el dirigente peronista que implementó una estricta cuarentena asegurando que iba a «garantizar» la salud de su población y al mismo tiempo iba a protegerla económicamente. «Tratamos de evitar que nadie vaya a la quiebra; que a la clase media no se la devore la crisis; que las clases más pobres se sostengan. Estoy previendo todo eso», decía Fernández.
En ese entonces cosechaba un apoyo de más del 60% y los argentinos eran conscientes de la crisis económica heredada del gobierno de su antecesor, Mauricio Macri (2015-2019), pero con el correr de los meses, la palabra presidencial se fue devaluando para muchos compatriotas, al igual que la moneda nacional.
Una de las encuestas que muestran este desgaste, realizada por Management & Fit entre el 26 de febrero y el 3 de marzo, señaló que la imagen negativa de Fernández trepó a 42,8% y la imagen positiva descendió a 37,8%. En tanto, casi el 55% de la población desaprueba la gestión del presidente, mientras que 36,8% la aprueba. Un año atrás, más de 56% valoraba positivamente al gobierno. El estudio tiene un margen de error de 2,1 puntos porcentuales.
Mariel Fornoni, directora de Management & Fit, indicó a AP que Fernández no ha podido «presentar resultados concretos» sobre la gestión sanitaria y la economía, «los dos ejes claros en la agenda», en un año en que además se celebrarán elecciones legislativas, un examen de la gestión presidencial.
En tanto, la inflación, la principal preocupación económica de los argentinos, sería superior al 50% este año, según los pronósticos de economistas.
En este contexto de desgaste, días atrás decenas de personas lanzaron piedras contra el vehículo que transportaba al presidente y varios funcionarios en la provincia sureña de Chubut. a donde la comitiva se trasladó para constatar los daños provocados por incendios forestales. Según testigos, los agresores protestaban, entre otras cosas, contra proyectos mineros y porque consideran que el gobierno nacional estaría avalando los reclamos territoriales de ciertos sectores indígenas.
«Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas», respondió Fernández días después en un acto oficial.
Sin embargo, a las puertas de un rebrote del virus que se da por descontado, los inoculantes llegan a cuenta gotas y el proceso de vacunación transcurre lentamente.
La pandemia pasó factura en el país sudamericano. Con más de 2,2 millones de infectados, Argentina es el décimo segundo país con más enfermos en el mundo y el tercero de la región. Registra más de 54.000 fallecidos, lo que lo sitúa en el puesto 13 en cantidad de muertos a nivel mundial, según el Centro de Ciencias e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.
El presidente reconoció el jueves que «hasta hoy llegaron cuatro millones de dosis, tan sólo 6% de las que hemos contratado» porque los proveedores «han tenido problemas en escalar la producción».
Analistas apuntaron que el gobierno pecó de ingenuo generando expectativas con la llegada de los inmunizantes. Prometió el arribo de más de 51 millones de dosis para el primer y segundo trimestre del año, entre las vacunas Sputnik V de Rusia, las elaboradas por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford y las procedentes de China. Según el reporte oficial del viernes, unas 2,3 millones de personas recibieron la primera dosis, en un país con más de 45 millones de habitantes, y únicamente 556.000 personas las dos.
Las cifras contrastan con las del vecino Chile, que vacunó a más de 25% de su población y es campeón latinoamericano en la materia.
El infectólogo Eduardo López, miembro del comité asesor del gobierno, dijo a AP que «lo mínimo es que estén vacunados todos los mayores de 60 años, que son 7,5 millones, y todo el personal de salud que integran más de 800.000 personas, antes de junio», cuando comenzará el invierno austral, lo que parece muy improbable.
Al margen de los problemas de abastecimiento, López apuntó que el problema también es logístico porque entre las dosis distribuidas y aplicadas hay brechas muy pronunciadas.
Algunas personas que salieron días atrás de un vacunatorio instalado en el predio de San Lorenzo de Almagro, en Buenos Aires, opinaron sobre la falta de confianza en el presidente.
«La corrupción es un problema y Alberto hace tiempo que comete errores o contradicciones», dijo Carlos Dupuy, mientras sostenía bajo la lluvia a su madre, de 89 años.
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