• La carga impositiva vuelve a tener un recorrido ascendente.
  • Aumentó 15 puntos desde 2002.
  • Para los empresarios, es “brutal”.

“El Estado resulta un peso que los contribuyentes ya no pueden sostener”. Así se titula un estudio difundido por el Ieral, el instituto de investigación económica de la Fundación Mediterránea, que alerta sobre el fin del ciclo donde el sector público le transfiere toda la carga al privado, en medio de los efectos nocivos de la pandemia de Covid-19.

El análisis fue rubricado por empresarios que no dudaron en calificar como “brutal” e “insostenible” el peso de los tributos, en particular aquellos que provienen de la órbita nacional. Sin embargo, sumados a los que aplican las provincias y los municipios, el paquete impositivo constituye una maraña que se extiende a todos los rincones de la vida de las personas y las empresas.

“Luego de bajar del 33,8 al 30,9% del PIB entre 2015 y 2019, la presión tributaria en Argentina subió a 32,4% en 2020 y apunta a 33,1% en 2021, retomando una tendencia alcista que había exhibido entre 2002 y 2015, cuando pasó del 19,3 al 33,8% del PIB; cerca de 15 puntos porcentuales de suba en 13 años”, indica el trabajo encabezado por el economista Marcelo Capello, titular del Ieral.

Argentina y Brasil encabezan el ranking de presión tributaria en América latina, ubicándose ambos también por encima de Estados Unidos, Australia y Corea del Sur. Sólo en Europa se observan porcentuales mayores con algunas naciones que ya superan el 45% del PIB, aunque prestan con eficiencia y calidad una mayor cantidad de servicios.

Datos duros del estudio:

Primero. La presión tributaria subió 11 puntos del PIB en dos décadas en Argentina, para financiar un gasto público que también aumentó con desmesura en dicho período, cuando pasó de 30% al 47% del PIB.

Segundo. Dado que la fuerte suba de impuestos “no resultó suficiente para financiar tal incremento en el gasto público, se generó además un elevado déficit primario, que en 2020 resultó 6,5% del PIB (para este año el presupuesto prevé 4,2%), con sus conocidas consecuencias en términos de inflación y endeudamiento”, señaló.

Ayer también, el ministro de Economía, Martín Guzmán, abrió el paraguas sobre la inflación de marzo. Será la más alta de lo que va de 2021, después comenzará a bajar, aseguró.

El Ieral señala que en la medición del peso de los impuestos sobre las utilidades brutas de una empresa mediana, los resultados colocan a la Argentina en el segundo lugar, detrás de las casi desconocidas islas Comoras, frente a África.

A partir de 2019 la Argentina retomó la senda de suba de la presión tributaria. Aumentaron, por ejemplo, los derechos de exportación (Macri), Bienes Personales, se creó el impuesto País (Alberto Fernández), se introdujo un anticipo de 35% en Ganancias para comprar al exterior, se modificó este tributo también en otras áreas donde recae. Como si fuera poco, también se mandó al freezer la reducción gradual de impuestos aprobada en 2017, y algunas provincias subieron Ingresos Brutos al tope de las escalas.

Este año se agregó el “impuesto a la riqueza” que se superpone con Bienes Personales y casi todas las jurisdicciones subieron las alícuotas sobre inmuebles, autos, embarcaciones y un largo etcétera.

“En la jurisdicción nacional la presión tributaria es brutal y eso hace prácticamente inviable la inversión. El cambio de reglas en el Impuesto a las Ganancias, tal como se está hablando, también es terrible. Sólo puede invertir alguien que tenga mucho amor a la patria o condiciones excepcionales”, señaló Luis Argañaras, empresario del sector químico y presidente de Caisal, la cámara de la industria de la salud. Si bien el peso del Estado llega a todos los sectores productivos, una lista corta de los más afectados son las actividades agropecuarias, fabricación de alimentos, telecomunicaciones, producción y comercialización de automóviles, energía, hotelería y los clientes de la actividad financiera.

“Se generan políticas que son una máquina de entorpecer la capacidad de generación de riqueza que tiene el campo”, sostiene ante La Voz Gabriel De Raedemaker, vicepresidente de Confederaciones Rurales (CRA). Tras evaluar que existe “una red insostenible de tributos”, ejemplificó que el Gobierno habló de cerrar las exportaciones cárnicas para bajar los precios en el mercado interno.

“La mitad del precio de la carne es la componente impositiva. Eso se repite en cada uno de los alimentos. Es más, la mitad del monto de la tarjeta Alimentar vuelve al Estado en concepto de impuestos. Es necesaria una reforma muy fuerte”, apuntó.

Eduardo Accastello remarcó que la alta carga tributaria “impacta en la competitividad y lo que tenemos que hacer es trabajar para que haya menos presión”, indicó. El ministro de Industria, Comercio y Minería dijo que Córdoba pone el foco en liberar de carga impositiva a la industria a través del esquema de desgravación por inversiones o nuevo empleo.

“Desde la producción hasta la llegada al cliente, el 54% de un automóvil son impuestos. Es un problema histórico y traba el acceso a este bien. Como sector le estamos planteando a los gobiernos revisar alícuotas que nos impactan en la comercialización porque inciden en las comisiones de ventas; necesitamos resolver la rentabilidad”, dice Sebastián Parra, titular de Acara regional Córdoba.