Pese a que el pasado 30 de diciembre del 2020 el Senado convirtió en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el debate por el aborto legal sumó una nueva página en Córdoba: el fiscal general, Juan Manuel Delgado, firmó un dictamen en el que solicita la suspensión de la norma en Córdoba.

El documento fue firmado por Delgado y su adjunto, Pablo Bustos Fierro. Ambos le concedieron al actual candidato a diputado nacional por Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio, la representación colectiva de “los niños por nacer y los niños no deseados”.

Inclusive, Delgado solicitó que el amparo presentado por García Elorrio ahora tenga “efecto suspensivo”. De todos modos, hasta que se resuelva la cuestión de fondo el aborto legal se seguirá aplicandoen Córdoba. 

Vale recordar que el fiscal general había sido recusado por distintas organizaciones pro-aborto, ya que antes de asumir el cargo planteó su postura contraria al IVE: la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, la Asociación Civil por el Derecho a Decidir y la Clínica de Litigio de Interés Público.

En su dictamen, Delgado y Bustos Fierros argumentan que “el derecho a la vida de las personas por nacer y aún el derecho a la salud de las personas gestantes menores de 18 años sometidas a la droga misoprostol 200 en centros que carecen de la atención obstétrica adecuada -lo que pone en riesgo su derecho a la vida-, no reviste igual jerarquía que el derecho a decidir, sino que es de grado superior. Sin derecho a la vida, ninguno de los demás derechos podrá ser ejercido”.