El debate en España para enmendar una ley aprobada el año pasado sobre la violencia sexual contra las mujeres, luego de que haya generado de forma indeseada una reducción de penas de los culpables, genera fricciones dentro de la coalición gobernante y con la oposición, pero los expertos consideran necesaria su reformulación dado que sus efectos inmediatos son «sumamente dolorosos».
La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual -conocida como «Solo sí es sí»- que elimina la distinción entre abuso y agresión, regula la necesidad del consentimiento expreso y tipifica el acoso callejero, fue aprobada por el Congreso en agosto de 2022, pese al rechazo del principal bloque de oposición, el derechista Partido Popular (PP), y del ultraderechista Vox.
Pero la normativa redujo las penas mínimas y máximas para algunos casos, lo que llevó a muchos condenados a pedir una revisión de la sentencia, porque en España se pueden aplicar retroactivamente las nuevas leyes si benefician al preso.
Según medios españoles, una veintena de personas fueron excarceladas y otras 300 recibieron rebajas en sus penas.
Ante esto, el Partido Socialista (PSOE) del jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó el pasado 6 de febrero al Congreso una enmienda a la normativa, sin haber logrado alcanzar previamente el consenso con sus socios minoritarios, Unidas Podemos, fuerza que impulsó la ley original y que afirma que el problema es la «interpretación sesgada» de «una minoría de jueces».
«Esta ley es sólida, es una ley integral que aborda la violencia sexual de una manera exhaustiva, y la mejor forma de garantizar su correcta aplicación es dotarla de los recursos presupuestarios y humanos y de la voluntad política necesaria para desplegar todas sus disposiciones», expresaron a Télam fuentes del Ministerio de Igualdad, dirigido por Unidas Podemos.
Sin embargo, la abogada y activista española Altamira Gonzalo, expresidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis, explicó a esta agencia que «el aspecto más criticable de la ley» es que «contiene una rebaja generalizada de penas para los delitos contra la libertad sexual».
«El tipo básico del artículo 178 del Código Penal nuevo prevé pena de 1 a 4 años, cuando el Código anterior preveía de 1 a 5 años, mientras que la pena para el delito de violación del artículo 179 ha pasado de ser de 6 a 12 años, a ser de 4 a 12 años», detalló la especialista en derecho de familia y derecho comunitario.
«Lo que propone el PSOE es dejar sin efecto la reducción de las penas, sobre todo de las penas mínimas, cuyos efectos están siendo dolorosos para las mujeres, pues estamos observando cómo muchos delincuentes sexuales están viendo reducidas sus penas e incluso algunos están siendo excarcelados por la aplicación de esa reducción de penas», expresó.
En cambio, desde el Ministerio de Igualdad alegaron que previo a su aprobación, la ley fue evaluada por distintos ministerios y organismos públicos, por lo que «es muy complicado pensar que tras todos estos procesos, pueda hablarse de fallos técnicos».
«Hay una minoría de jueces que está haciendo una interpretación sesgada y, a nuestro juicio, errónea de la ley, yendo contra el espíritu de la norma y contra las propias indicaciones de la Fiscalía General del Estado en su aplicación», manifestaron.
En esa línea, precisaron que muchos de los fallos «están todavía en fase de revisión y no son sentencias firmes» y pidieron «esperar a datos oficiales».
En la reforma de la ley que el PSOE presentó al Parlamento, la suba de pena es vinculada a la existencia de violencia o intimidación en la agresión sexual, una vía rechazada por Unidas Podemos que considera que eso va contra la esencia de la norma.
«Esta ley plantea que, ante una agresión, la falta de consentimiento no debe ser probada por la víctima, a la que se obligaba a atravesar un calvario probatorio para demostrar que sufrió una agresión sexual. Cuando decimos que la ley pone el consentimiento en el centro, termina con esa diferenciación entre el abuso y la agresión», defendieron desde el Ministerio de Igualdad.
La cartera de Igualdad expuso que había presentado al PSOE «seis propuestas de reforma que inciden en esa idea de implementar la ley para hacerla fuerte y eficaz y mantener el consentimiento en el centro».
En este contexto, el PP, principal partido de oposición, aprovechó para incrementar la polémica al ofrecer a los socialistas apoyo parlamentario para modificar la ley sin tener que contar con sus socios.
Por su parte, Vox, que en agosto pasado había calificado a la ley de «infame» porque su «objetivo no es proteger a la mujer, sino atacar al hombre», no definió una postura sobre la reforma, pero anticipó que no bloquearía «una iniciativa que debe poner fin a las excarcelaciones de agresores sexuales».
Desde el Ministerio de Igualdad piden al PSOE que se vuelva a sentar en la mesa para retomar las negociaciones, con el requisito de no tocar el tema del consentimiento.
«No creemos que una reforma apoyada por la derecha y la extrema derecha sea beneficiosa para los derechos de las mujeres. Es nuestro socio de gobierno quien debe plantearse si, en su objetivo de reformar la parte penal de ley, va a aprobar una reforma con los votos de la derecha y sus socios ultras, o prefiere retomar el diálogo en el seno de este gobierno de coalición», añadieron.
La enmienda, que en un principio iba a debatirse en el Parlamento la semana próxima tras el intento del PSOE de acelerar su tramitación, será finalmente abordado el 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer.
