Por Juan Bernaus para Perfil Córdoba. «Acá si existió un sobreprecio, hay alguien que lo paga y alguien que lo pide ¿está claro?”, desafió el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros a los periodistas presentes en la conferencia de prensa que él mismo convocó para responder a las denuncias efectuadas minutos antes.
La compra de vehículos para ser provistos al programa de Guardias Urbanas, principalmente en el interior de la provincia involucraba a empresarios de renombre de Córdoba, el principal es Manuel Tagle, además de ser el actual presidente de la Bolsa de Comercio.
Los legisladores del Frente Cívico y algunos aliados alertaron por la adquisición de 400 autos a un precio muy superior a lo que el mismo mercado está ofreciendo. Según la presentación, sospechan que su exaliado y compañero de militancia Quinteros puede ser el responsable de pagar de más en la adjudicación de 200 Renault Sandero cero kilómetros y 200 Peugeot 208 active nuevos.
En presentación se detalla que al Grupo Tagle se le debería pagar $38.260.000 por cada auto y a Avenue SA del Grupo Quijada unos 37.747.520 pesos. Valores muy por encima de los publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Estos mismos, además debían ser entregados por un pack especial de seguridad, reformas internas y equipos de seguimiento satelital.
Según conta en las denuncias, los valores actuales del Renault Sandero Life 1.6 no supera los $23.112.000 y en el caso de los Peugeot los $22.987.100. Muy debajo de lo presentado en las subastas provinciales.
Luego de conocerse esta alerta, las miradas recayeron sobre el mismo Quinteros y también sobre Manuel Tagle, el empresario cordobés y, desde hace algunos años, muy involucrado en la política local con fuertes vínculos con Mauricio Macri. Hasta se lo relacionó con la campaña de Luis Juez para pelear por la provincia. “Mira Manuel, los legisladores “juecistas” te apuntan a vos también ¿no eran nuestros amigos”, le preguntaron en su despacho cuando escuchaban sobre la denuncia.
El empresario estaba molesto por varios aspectos. El primero es que queda vinculado con precios sobrevaluados de sus productos. La economía que impactó en las pocas ventas y en las ofertas de las fábricas le jugaron una mala pasada, pero era claro que es más sencillo culparlo directamente a él. La segunda, fue la imposibilidad de llegar a la demanda de vehículos que pedía el Estado provincial. Sólo pudo alcanzar las 200 unidades, no logro que Renault le provee de más coches.
“Son empresas cordobesas de muchos años en el mercado. Una es la de Manuel Tagle y la otra es el Grupo Quijada. Plantear una duda por el sobreprecio es imprudente e inapropiado”, remarcó Quinteros en la conferencia de prensa. Y agregó: “si quieren atacar al ministerio, quiero que sepan que también lo hacen con las empresas cordobesas de mucho prestigio. Acá si existió un sobreprecio, hay alguien que lo paga y alguien que lo pide ¿está claro?”.
Tagle se sentía acorralado. Sintió que Luis Juez y sus legisladores lo ponen en una situación incómoda. Como empresa necesita de estos acuerdos con los Estados para continuar con las puertas abiertas y proyectar inversiones. Luego de meses en rojo y con caída abismal de ventas, poder asegurar entregas y mantener las operaciones es beneficioso para él y los suyos.
El hombre contador integrante del G6 (grupo de empresarios cordobeses) que continuó un negocio familiar de comercialización de autos iniciado por su padre en 1935, construyó la concesionaria más importante del centro del país y en los últimos años el Grupo Tagle sumó emprendimientos inmobiliarios y desarrollos digitales. Además, es un activista a tiempo completo de las ideas liberales, uno de los pocos empresarios que habla de política sin complejos, uno de los críticos más agudos del kirchnerismo y un abierto impulsor de Juntos por el Cambio por “comunión de ideas”. Sostiene que la pobreza que azota a medio país es resultado de décadas de políticas económicas equivocadas. Hoy quedó marcado por presupuestarle con sobreprecios al Estado provincial 200 Renault Sandero.
Una denuncia que surge del mismo ministerio
La denuncia del Frente Cívico es sobre un expediente de compra que está en el Tribunal de Cuentas por un pedido de retiro que hizo el mismo ministro Quinteros. Es decir que los legisladores opositores se anotician del precio de estas adquisiciones por una resolución con fecha 14 de mayo. Allí se daba de baja al proceso de subasta por 400 vehículos y se lo renovaba por 600 vehículos.
El proceso de compra elegido fue por una subasta electrónica, un mecanismo considerado de los más transparentes, ya que todos los oferentes por una determinada cantidad de horas van viendo qué precios se van presentando, por ende, hay una pelea en vivo por quedarse con la venta.
En este caso, fueron dos las empresas, una de Manuel Tagle con los Renault Sandero y la otra Avenue del Grupo quijada con los Peugeot 508.
“Para que se den cuenta lo iniciamos en el mes de febrero, en donde se preveía una inflación de casi el 50% y esta volatilidad del país, hace que en enero paguemos las Nissan uno 18 millones de pesos, pero ese mismo día que se efectuaba el pago, en el mercado estaba en 32.5 millones de pesos. Ese día nos ahorramos 14 millones por cada camioneta, ambos precios publicados por Acara”, describió Quinteros.
Ahora la situación es inversa. Los autos bajaron sus precios, y se tomó la decisión de dar de baja la subasta e iniciar otro proceso por los precios de los autos. Es una facultad con la que cuentan los ministerios. Inmediatamente la oposición hizo una denuncia con una advertencia que surgió de la misma cartera apuntada.
“Yo puedo dejar el plan de seguridad, pero no mi honorabilidad. Los autos valen menos desde febrero, bajaron de precio. La denuncia es posterior al proceso de baja”, remarcó el ministro.
