La discusión sobre una reforma laboral en Argentina vuelve a ganar espacio en la agenda empresaria. En ese marco, empresarios de Córdoba, economistas, consultores y abogados vienen trabajando para definir una estrategia de intervención que busca ordenar prioridades y delinear un camino de consensos mínimos que permita avances concretos sin abrir un frente de conflicto frontal con el sindicalismo. La clave: diferenciar la reforma laboral de la reforma sindical y orientar los cambios hacia la reducción de costos de los procesos productivos, sin afectar derechos esenciales de los trabajadores.
El diagnóstico parte de una evaluación política y técnica. Por un lado, los empresarios reconocen que el escenario de reformas depende de correlaciones de fuerza en el Congreso y de una agenda gubernamental que privilegia el ajuste del gasto y la competitividad sin devaluación. Por otro, admiten que las iniciativas que tocan intereses centrales de los gremios tienden a derivar en bloqueos y paros, lo que termina obturando incluso los cambios con mayor consenso técnico. Ante ese cuadro, la recomendación de asesores con los que se están reuniendo empresarios de Córdoba es avanzar con una lógica “propositiva” desde el sector privado, definiendo con precisión los problemas a resolver, estudiando alternativas de política pública y buscando la intersección con la lógica política de quien gobierna.
Separar la reforma laboral de la sindical. Uno de los ejes centrales de la propuesta es “despegar” la reforma laboral de aquellas discusiones que impactan directamente sobre el poder sindical, como el sistema de aportes solidarios, la duración de mandatos en la dirigencia o la primacía de los convenios colectivos. En una reunión privada, un economista y consultor sostuvo que estas cuestiones, si bien relevantes, no deberían formar parte del primer tramo de cambios si el objetivo es lograr consensos y reducir la resistencia de los gremios. “La experiencia indica que incluir estos puntos en un paquete único incentiva una oposición total y dificulta toda negociación”, apuntó.
En su lugar, se propuso orientar la reforma hacia aspectos operativos del vínculo laboral que inciden en la competitividad de las empresas, especialmente en pymes industriales, sin alterar derechos básicos o condiciones salariales. Según esa mirada, el foco no es “sacar derechos”, sino corregir distorsiones que elevan costos y afectan la productividad, preservando el marco general de protección al trabajador.
Reformas para reducir costos y mejorar productividad Así, el consultor detalló una serie de puntos concretos que podrían integrarse a una reforma laboral “viable”. “Hay que revisar la necesidad del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, vinculado a las indemnizaciones por incapacidad, para corregir incentivos que generan litigiosidad en etapas cercanas a la jubilación. Hay que mantener el derecho a indemnización por incapacidad real, pero evitar abusos que impactan de manera desproporcionada en las pymes”, afirmó.
Otro eje señalado fue la modificación de los artículos 103 y 66 de la misma ley. En el primer caso, el objetivo es evitar que los esquemas de incentivos por productividad se terminen incorporando al salario básico por criterio de “habitualidad”, lo que desincentiva programas de mejora del desempeño. En el segundo, se busca clarificar los márgenes de acción del empleador cuando introduce cambios tecnológicos, de maquinaria o de organización del trabajo, para reducir el riesgo de que estos ajustes deriven en conflictos judiciales por despido indirecto.
También se abordó la problemática del régimen de vacaciones y licencias, principalmente en actividades industriales con picos de trabajo estacionales. La propuesta apunta a reordenar criterios para evitar superposiciones entre licencias por enfermedad y vacaciones, que afectan la planificación productiva, sin desconocer la finalidad reparadora del descanso del trabajador.
De lo testimonial a lo propositivo. Un concepto reiterado en la reunión fue la necesidad de que las entidades empresarias abandonen un rol meramente “testimonial” y asuman una función propositiva. Esto implica no solo denunciar problemas, sino elaborar soluciones técnicamente fundadas y políticamente viables. El consultor subrayó que el Estado carece del conocimiento específico que posee el sector privado sobre los “puntos de dolor” del funcionamiento cotidiano de las empresas, y que ese insumo resulta clave para reformas efectivas.
En ese sentido, se puso como ejemplo el trabajo desarrollado junto a cámaras sectoriales de Córdoba, que identificaron con precisión dificultades en materia laboral y construyeron propuestas alineadas con los objetivos de competitividad y estabilidad macroeconómica. “Tenemos que presentar proyectos que resulten “difíciles de rechazar” por su coherencia técnica y su compatibilidad con la agenda oficial”, remarcó.
La lógica de la intersección. Esa estrategia se apoya en un principio: ubicar las propuestas en la intersección entre lo que necesita la industria y lo que requiere el gobierno para sostener su programa económico. Para el sector privado, el objetivo es reducir costos y competir sin recurrir a devaluaciones; para el gobierno, sostener la estabilidad y evitar distorsiones que afecten el plan antiinflacionario. En ese cruce, se considera que una reforma laboral gradual y técnica puede generar mejoras sin abrir conflictos de alta intensidad.
“Intentar imponer cambios profundos en el sistema sindical, como eliminar aportes solidarios, como quiere Sturzenegger, (NdR: Federico, Ministro de Desregulación) sin resolver simultáneamente cuestiones de representatividad y transparencia, podría activar una oposición gremial organizada que no solo rechace esos puntos, sino que bloquee todo el paquete de reformas”, dijo. Por eso, propuso posponer ese debate para una etapa posterior, con mayor consenso político y social.
Evitar el “todo o nada”. Otro concepto fuerte fue el rechazo a la lógica de negociación tradicional basada en sobredimensionar demandas para luego ceder parcialmente. En el caso de la reforma laboral, se planteó que esa estrategia no funcionaría dado que los sindicatos no están hoy en una posición negociadora clásica, sino defensiva, con incentivos para rechazar el conjunto si perciben un ataque a su financiamiento o poder de representación.
El objetivo, entonces, es construir un primer tramo de reformas que no active el veto gremial, y que al mismo tiempo genere resultados medibles en términos de costos, litigiosidad y productividad. Solo luego de consolidar esos avances, se abriría el debate sobre reformas sindicales más profundas, con mejores condiciones políticas y sociales para su tratamiento.
Una reforma con foco económico, no ideológico La reunión dejó en claro que, desde esta perspectiva, la reforma laboral debe leerse como una herramienta de política productiva antes que como un debate ideológico. El consultor insistió en que el eje no es redefinir el rol del sindicalismo o revisar derechos históricos, sino modernizar normas que responden a contextos productivos ya superados y que hoy afectan la eficiencia del proceso económico.
En esa línea, se remarcó la importancia de adaptar la legislación a las nuevas dinámicas laborales, tecnológicas y organizativas, sin desproteger al trabajador. La idea central es que un marco legal más claro, previsible y actualizado reduce la conflictividad, mejora la planificación empresarial y genera condiciones más estables para el empleo.
Finalmente, se coincidió en que la reforma no debería abordarse como un paquete homogeneizador para todos los sectores, sino con una lógica gradual y diferenciada. Las particularidades de la industria metalúrgica, el comercio, los servicios y la economía del conocimiento requieren tratamientos específicos, construidos desde el conocimiento técnico de cada sector.
Así, la hoja de ruta propuesta desde Córdoba plantea una reforma laboral focalizada, viable y políticamente inteligente, que prioriza lo posible sobre lo ideal y busca construir consensos a partir de la técnica y el diálogo. Una estrategia que, en palabras de uno de los economistas que está asesorando a las cámaras locales, apunta a “mover la aguja de la realidad” sin detonar un conflicto generalizado que paralice cualquier intento de modernización normativa.
