Por fuera de los debates coyunturales, el economista Gastón Utrera planteó una lectura estructural del programa económico de Javier Milei: una estrategia que prioriza el orden macroeconómico, minimiza la intervención en la microeconomía y apuesta a que el crecimiento termine acomodando las distorsiones productivas. El problema, advierte, es que, sin reformas laborales y tributarias profundas y políticamente viables, ese equilibrio corre el riesgo de quedar incompleto de cara a 2026.
“El Gobierno parte de una convicción clara: si la macro está ordenada, la micro se acomoda sola”, sintetiza Utrera en el último desayuno de Coyuntura de Punto a Punto que se desarrolló en Standard 69 acompañado por Eguia, Kolektor, Hospital Privado y Copa Airlines. Sin embargo su análisis introduce un matiz clave: ese principio funciona como herramienta metodológica en la teoría económica, no necesariamente como guía suficiente para la política económica real, donde los sectores, las regiones y las empresas reaccionan de manera heterogénea.
Desde el punto de vista macroeconómico, Utrera reconoce coherencia interna en la estrategia oficial. La política monetaria y cambiaria busca acumular reservas sin provocar un salto inflacionario ni forzar una devaluación. “El Gobierno no quiere comprar dólares presionando el tipo de cambio, sino emitir pesos solo en la medida en que la economía los demande”, explica.
La microeconomía que no se acomoda sola
Donde el análisis se vuelve más crítico es en el impacto microeconómico del programa. La filosofía de no intervención y desregulación generalizada choca con una realidad productiva marcada por fuertes asimetrías.
“El orden macro no derrama de manera pareja”, sostiene Utrera. Mientras algunos sectores y provincias muestran recuperación —como el empleo vinculado al petróleo en San Juan o Mendoza— otros permanecen estancados o directamente en retroceso. En ese contexto, la idea de que menos regulación siempre es mejor aparece como un dogma más que como una política de mejora regulatoria selectiva.
El rechazo frontal al proteccionismo es parte central de esa lógica. Para el Gobierno, proteger a un sector implica distorsionar precios relativos y perjudicar a otros. Pero Utrera plantea que la desregulación también puede transformarse en una forma de intervención estatal cuando es asimétrica.
“El problema no es competir, sino competir en condiciones desiguales creadas por decisiones del propio Estado”, resume. El ejemplo más claro es el ingreso de maquinaria agrícola importada que no cumple con las mismas normativas que rigen para los fabricantes locales. “No es que el Estado se fue del micro: se metió, y se metió mal”, grafica.
Reforma laboral: bajar costos sin detonar el conflicto político
En ese marco, la reforma laboral aparece como una pieza clave para que el esquema macro tenga traducción productiva. Utrera describe una “batalla” por incorporar cambios concretos que reduzcan costos y litigiosidad, especialmente para pymes, sin activar un conflicto político que bloquee todo el proceso.
Entre los puntos centrales figuran la agilización de los Procedimientos Preventivos de Crisis, hoy “burocráticos y lentos”, la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo para acotar la discrecionalidad de los baremos y la incorporación de reglas que limiten la llamada “petición irresponsable” en juicios laborales. “Hay demandas que se inician por montos absurdos, solo para forzar acuerdos. Eso es un costo sistémico”, advierte.
La clave política, subraya, es separar la reforma laboral orientada a bajar costos de la reforma sindical, mucho más conflictiva. “Si se mezclan ambas agendas, el riesgo es que no salga nada”, afirma.
Reforma tributaria: la deuda pendiente
Si la reforma laboral es urgente, la tributaria es directamente estructural. Utrera cuestiona que el foco esté puesto en el Impuesto a las Ganancias de las personas físicas, una medida que considera de alto impacto político, pero bajo efecto productivo.
“Es una reforma para la tribuna”, dispara. En cambio, insiste en que el verdadero problema de competitividad está en impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y en el diseño del IVA, que genera superposiciones entre Nación, provincias y municipios.
Para el economista, sin una reforma integral que ataque esos núcleos duros, la estrategia macro corre el riesgo de agotarse. Y deja un mensaje al sector privado: la interlocución con el Gobierno no pasa por pedir protección, sino por demostrar cómo la falta de reformas laborales y tributarias, combinada con desregulaciones parciales, termina siendo una intervención que perjudica la competencia.
De cara a 2026, el diagnóstico es claro: el programa económico de Milei tiene coherencia macro y potencial de crecimiento, pero su sostenibilidad dependerá de que las reformas estructurales lleguen a tiempo y con inteligencia política. Sin eso, la microeconomía difícilmente se acomode sola.
