Vacunados: Nación definió a los “estratégicos”, pero siguen las dudas sobre a quiénes incluye

Una resolución firmada ayer por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, establece que, a partir de ahora, todos los funcionarios públicos que se coloquen la vacuna contra el coronavirus deberán previamente pedir autorización a la cartera de Salud nacional, que, de acuerdo con una serie de nuevos criterios fijados, decidirá si corresponde destinar la dosis.

Como una manera de buscar contener el escándalo del denominado vacunagate, esa área del Gobierno nacional determinó que las personas consideradas “personal estratégico” deberán especificar los alcances de su función, el grado de exposición y el riesgo que implica su desempeño antes de ser habilitadas a inocularse.

El texto con la firma de Vizzotti se hizo público horas antes de que la reemplazante del despedido exministro Ginés González García confirmó que contrajo Covid-19. La funcionaria es una de las pocas autoridades del Ministerio de Salud que no está vacunada contra la enfermedad.

Desde su entorno explicaron que es debido a que recibe una medicación por otro tratamiento de salud en curso, y que le recomendaron no inocularse por el momento.

Bajo la categoría de “personal estratégico prioritario”, en Córdoba, fueron vacunados el gobernador Juan Schiaretti, el vicegobernador Manuel Calvo y cinco ministros del gabinete provincial. También bajo esa misma etiqueta recibieron dosis ocho colaboradores estrechos de la primera y de la segunda autoridad provinciales.

La resolución de Vizzotti dice que las funciones ejercidas por los tomadores de decisión, en su calidad de personal estratégico, deben ser relevantes para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo. También, que se debe acreditar el rol estratégico de la función, independientemente de la edad y de la condición de salud; y se tienen que realizar tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición.

Si bien estos parámetros avanzan sobre el vacío que existía hasta el momento y que posibilitó la polémica vacunación de agentes estatales, la nueva medida ayuda a las administraciones de todos los niveles a cobijarse frente a las críticas que todavía persisten sobre los criterios adoptados para el suministro de dosis por fuera del cronograma de prioridades fijado.

Sí queda más claro que no se podrá vacunar cualquier funcionario público.

En la Provincia, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, fue la única funcionaria que hasta el momento buscó delimitar los alcances del difuso término “estratégico”.

El miércoles, luego de que el Ministerio de Salud provincial divulgó un listado desconocido hasta entonces con funcionarios de primera línea vacunados, la profesional aseguró que los aludidos encuadran en ese rango. “Son los funcionarios de los que depende el correcto funcionamiento del Estado”, estableció. “Es irrisorio que tengamos que dar explicaciones sobre las vacunas que recibieron el gobernador y el vicegobernador”, se quejó en ese momento.

Nuevo marco

Las especificaciones de la resolución de Vizzotti considera también personal estratégico a “los y las representantes del Estado argentino en organismos internacionales y los funcionarios jerárquicos y funcionarias jerárquicas que se desempeñen en los mismos que realicen tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición”.

También, a las personas que realicen viajes fuera del país como miembros de delegaciones oficiales encabezadas por integrantes de los poderes del Estado nacional; o a personas que deban recibir, en nombre de estos poderes, comitivas oficiales que provengan del exterior en representación de otros estados o de organismos internacionales.

¿Cómo se vacunarán estas personas? Deberán completar un formulario donde autorizan la difusión de sus datos en un registro público para poner a disposición los datos sobre las personas que desarrollen funciones de gestión o conducción necesarias para el adecuado funcionamiento del Estado.

Vizzotti aclaró que estas personas sólo “se deben vacunar en establecimientos autorizados”.

La vacunación de todo el personal estratégico se notificará en el Registro Federal de Vacunación Nominal. Allí se constituirá un listado público que se actualizará de manera periódica, según se anunció.

El Gobierno aclaró que se invitará a todas las provincias a realizar un protocolo para la solicitud de anuencia para vacunación contra el Covid-19, aplicable en el ámbito de su jurisdicción.

Marcha del 27-F: apuesta de la oposición

Se espera una marcha multitudinaria en Buenos Aires.

Con un fuerte impulso de los partidos que integran Juntos por el Cambio, especialmente del PRO, este viernes por la tarde, a partir de las 17, se realizará una marcha en reclamo por trasparentar la entrega de las vacunas. La manifestación se produce luego del escándalo del “vacunatorio VIP” que sacudió al Gobierno nacional. La principal convocatoria será en la Plaza de Mayo en Capital Federal, pero se repetirá en todas las ciudades del país. Como ocurrió en anteriores protestas opositoras, en Córdoba, el epicentro de la convocatoria será en la explaza Vélez Sársfield. También a las 17.

Un concejal del PJ cuestionó la “autoridad moral” de Cossar, que difundió listas

El concejal Diego Casado (Hacemos por Córdoba) cuestionó que fuera el legislador radical Marcelo Cossar quien haya denunciado casos de funcionarios o familiares de estos que recibieron la vacuna sin ser personal prioritario.

Casado, que responde políticamente a la diputada Alejandra Vigo, recordó que Cossar fue denunciado en 2019 por Marcelo Fleurquin, un estafador que vendió 60 terrenos a empleadas domésticas y cuentapropistas en barrio Ituzaingó sin tener el aval municipal.

Durante el juicio en el que fue condenado a cuatro años de prisión, Fleurquin dijo que no había cumplido con el supuesto desarrollo urbano porque concejales y funcionarios municipales le habían pedido coimas para aprobar el loteo. Entre los funcionarios que mencionó, estaban Ramón Mestre y Cossar. Por los dichos de Fleurquin, se abrieron tres causas.

Consultado, Casado no amplió información. Se limitó a decir que los expedientes seguían abiertos en distintas fiscalías.

Oportunamente, cuando fue el juicio en el que se condenó a Fleurquin y luego, cuando esta persona difundió un video de una supuesta reunión con funcionarios municipales, Cossar dijo que no le respondería a una persona condenada por estafas. Ayer, consultado por La Voz sobre los dichos de Casado, optó por la misma postura.